Mientras dure la incoherencia. Parte I

La política es algo tan inherente a la naturaleza del ser humano como la mera existencia de un conflicto. Las diferencias de opinión son tan antiguas como la cabezonería, la testarudez, la soberbia o la incongruencia de las personas, entre muchas otras cosas. Probablemente uno de los mejores ejemplos de la imperfección humana sea España. La política, como ciencia social contemporánea, surgió a finales del siglo XIX como disciplina para solucionar procesos de “cleavage”, que son divisiones de una sociedad en particular. Cuatro de los principales factores para el surgimiento de estos cleavages son: la industrialización, la urbanización, la secularización y la construcción de un Estado. Es curioso como desde el pasado lunes con la sentencia del Tribunal Supremo, para la sociedad española es imposible de ver como estos cuatro factores están interconectados, creando cada persona su propia verdad absoluta de la realidad.

Para bien o para mal, los delitos de sedición y malversación refrendados entran dentro del marco del Código Penal actual. Para bien o para mal, el Derecho es arbitrario y probablemente hubiera sido mas conciliador una pena inferior, pero teniendo en cuenta el precedente de la consulta del 9-N de 2014, la firma de la DUI como un acto jurídico, y la definición vaga de sedición; las posibilidades de evitar la prisión eran pocas. Desgraciadamente, estamos viviendo las consecuencias tremendamente negativas de la judicialización de un problema de carácter netamente social y político.

Para comprender la realidad en la que está sumida la sociedad tanto catalana como española, es necesario recordar la irresponsabilidad de la clase política a un problema que ellos mismos crearon y que ahora no saben o no quieren gestionar. El contexto actual de caos que se vive es el resultado de una crisis económica que no se supo comprender, ni mucho menos atajar por el ya lejano año 2008.

Es el resultado de la pasividad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy por no saber cómo actuar en un periodo de crisis capitalista. Es el resultado de la fabricación de un enemigo etéreo por parte de la Generalitat de Artur Mas para tapar las vergüenzas de su gestión. Es el resultado de la falta de entendimiento del principio de solidaridad en el que se basa el Estado de las Autonomías. Es el resultado de la intransigencia e inmovilidad del gobierno de Rajoy por no saber ver una demanda social del pueblo catalán desde el 2012 al 2014 para la celebración de un referéndum. Es el resultado del engaño sistemático que Convergència, ERC y la CUP han diseñado para los catalanes para hacer ver que “Espanya ens roba” y todos los males son exógenos. Es el resultado de un resurgimiento del nacionalismo patrio más rancio como elemento de contrapeso, que empezó con C’s y ha terminado de estallar con el auge de Vox. Es el resultado de un Govern de la Generalitat que se ha dedicado a dar altavoz a una sola parte de Catalunya. Un Govern que se ha dedicado a destinar esfuerzos en leyes de desconexión, en embajadas catalanas ficticias, y la celebración de dos referéndum (2014 con Mas y 2017 con Puigdemont) que sabían desde el minuto uno, que no solo el poder judicial español entraría en acción, sino que llevaría a instaurar una herida social tan fácil de abrir, como tan difícil de cerrar.

La política es la ciencia social por antonomasia para resolver conflictos, no para imponerlos. Los partidos políticos, tanto españoles como catalanes, no han estado a la altura de una palabra tan usada como mancillada, política. Política en sentido de entendimiento, diálogo, negociación y finalmente, actuación. El cleavage es el siguiente: la mayoría parlamentaria catalana quiere un referéndum vinculante pero sin el apoyo necesario en número de votos para lograr la independencia. El Gobierno y el sistema bicameral español no saben cómo reaccionar ante esta realidad. ¿Qué mecanismos hay para desatascar esto?

El sistema político español es una democracia representativa con un papel predominante de los partidos como actores sociales por encima de las iniciativas populares. Para poder realizar un referéndum sobre el caso catalán, hay que tener en cuenta que el principio de autodeterminación no está recogido en la Constitución. “La soberanía nacional reside en el pueblo español” (art. 1.2). La responsabilidad de los partidos independentistas es no engañar a su electorado y proponer una reforma constitucional para que el Ejecutivo pueda dar luz verde a un referéndum para saber cuál sería el nuevo encaje de Catalunya. Hay varios factores a tener en cuenta:

– La naturaleza rígida de una Reforma Constitucional, ordinaria (Titulo X):

    . Aprobación de 3/5 de las dos cámaras legislativas.
    . En caso de rechazo, creación de una Comisión Mixta con una nueva propuesta consensuada. Búsqueda de los 3/5 o por mayoría absoluta en el Senado y de 2/3 en el Congreso.
    . Una vez que se aprobara, una décima parte de los diputados o los senadores presentarían una iniciativa como consulta popular vinculante.

– Referéndum como derecho de participación política de los ciudadanos (art. 23 CE). Aquí hay que establecer cuáles son los límites de las competencias entre CCAA y Estado. La distribución de dichas competencias de este derecho seguiría el esquema del derecho de sufragio:

     . Las CCAA pueden aprobar sus leyes electorales basándose en su potestad para la gestión de sus instituciones de gobierno. Las CCAA tendrían la competencia para organizar un referéndum autonómico puesto que la gestión de sus instituciones incluye también el derecho de participación política de sus ciudadanos. Sin embargo, el Estado es quien regula las condiciones básicas para el desarrollo de dicha participación política (art. 149.1.1 CE). Particularmente, el Estado tiene la potestad exclusiva para la autorización de un referéndum (art. 149.1.32 CE).
    . En resumen, las CCAA pueden realizar un referéndum autonómico debido al derecho de regulación de sus instituciones de autogobierno (art. 148.1 CE) con previa autorización estatal (art. 149.1.32 CE).

– La falta de sentido de Estado del Gobierno para proponer un referéndum restringido en el ámbito catalán, no como acto vinculante o irrevocable, pero sí como un proceso de negociación o consulta para empezar un proceso de reforma constitucional.

Prácticamente ninguno de los actores políticos que tienen que tomar las riendas de esta situación (partidos, gobiernos, activistas, sindicatos, medios de comunicación, votantes), han podido realizar política con todas sus letras. Todo el mundo ha preferido imponer su verdad por encima de la del otro que piensa diferente. Especialmente sangrante es el caso de los partidos políticos.

El Gobierno español fue intransigente a una reforma constitucional cuando había mayoría absoluta con el PP. Lo más gracioso de todo es que hubiera ganado el “no”. También se ha negado durante las cinco últimas legislaturas, la posibilidad de negociar otro tipo de encaje: hacienda catalana, más o menos autogobierno, etc.

Para rizar más el rizo, la judicialización de un problema político que no se tenia que haber producido. ¿Por qué no tuvo que haber ocurrido? Porque es el resultado final de una política catalana que lleva a la deriva desde el 2010, debido a varias razones. Una Convergència que se abrazó al independentismo para que no se les juzgara políticamente por su corrupción. Un Artur Mas que en su declaración de investidura de 2010, se negaba a la posibilidad de la autodeterminación porque sabía de las consecuencias nefastas que podrían llevar a la fractura social catalana. También por un desarrollo de leyes de desconexión desde el 2012 que chocaba con el entramado jurídico y legislativo. Por la celebración de un referéndum en 2014 que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, y sus líderes condenados por desobediencia y prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Por la insistencia en seguir por un camino independentista sin un programa político claro, en el que se estableciera cómo y por qué la sociedad catalana viviría mejor en un Estado independiente. Por la celebración de otro referéndum en 2017 con la firma de una DUI que se impugnó por sus líderes, segundos después de declararla. Por la promoción de ciertos sectores radicales que no representan a la mayoría de ciudadanos independentistas, pero que están causando una situación bochornosa en Barcelona, así como en otras ciudades catalanas.

Podemos debatir si la sentencia es justa o no durante días e incluso años, pero hay una falta de autocrítica de por qué y cómo se ha llegado a que se judicialice un problema puramente político. Es la hora de hacer política con todas sus letras. Es la hora de hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica. Es la hora de dialogar y no de imponer unos ideales, sean cuales sean. Es la hora de un cambio de paradigma en el que la palabra gane a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Desgraciadamente, no habrá política mientras dure la incoherencia.

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