Una vez hermanos
Junio de 2011, Santiago de Compostela, un servidor terminando su formación universitaria, inocente pero con ilusiones por enfrentarse a lo que pueda encontrar en el mundo laboral. Días antes de los exámenes finales, intento relajarme viendo el documental Once Brothers, que narra la historia de una amistad de dos jugadores de baloncesto rota por el proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia, personificada en Drazen Petrovic (Croacia) y Vlade Divac (Serbia). Lo que parecía a priori un documental más sobre la vida de dos estrellas de la NBA, se acaba convirtiendo en toda una narración, que desgrana con total crudeza, las consecuencias de un proceso de autodeterminación mal gestionado, que desemboca en un proceso bélico. Con varias conclusiones interesantes entre la que destaco la de Divac: «construir una amistad lleva años, pero destruirla, un segundo».
Viernes 29 de Septiembre de 2017, es otoño en Boston, y 6 años más tarde, una mañana más uno se levanta para trabajar a casi 5.000 km de distancia de su hogar, por cortesía de la incapacidad del «PPSOE» de frenar la hemorragia que lleva sufriendo el país en los últimos años. Notificaciones de las aplicaciones de periódicos online, el sonido de la radio en streaming, las bandejas de entrada de whatsapp y facebook messenger no dejan de recibir mensajes, …; la escalada de crispación en España por el procès de Catalunya ya se ha disparado, hasta lograr cotas que eran impensables no hace mucho tiempo atrás … Transcurren las horas y llega el día D, el 1 de Octubre, en el que desgraciadamente se pudo ver un espectáculo bochornoso de cómo un Estado ejerce brutalmente su poder sobre la sociedad civil, con el mero pretexto del Principio de la Legalidad. El pueblo catalán, el Govern, funcionarios estatales y autonómicos de Catalunya, el pueblo español, medios de comunicación, observadores internacionales, etc; nadie se podría imaginar las lamentables imágenes que dejaría dicha jornada, con personas ensangrentadas con la única defensa de su voz y voto contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Solo el Presidente del Gobierno, de cuyo nombre no quiero acordarme, y dichos cuerpos (Policía Nacional, Guardias Civiles y Mossos d´Esquadra) sabían lo que realmente iba a pasar. A los dos primeros, se les han puesto querellas por agresiones contra la sociedad civil, y a los otros, juzgados por delitos de sedición y desobediencia. Naciones Unidas, Unión Europea, prensa internacional; todos han destacado la brutalidad con la que ha ejercido la legalidad el Gobierno español. Brutalidad que ha recordado otros tiempos, en los que los de azul vestían otro color: el gris.
Gris, como el color que parece adueñarse de los medios de comunicación (TV, prensa, radio, Internet) a través de mensajes como las del ciudadano Felipe, en las que se intenta apagar un incendio con gasolina, con un discurso completamente partidista, olvidándose de la supuesta función de árbitro del parlamentarismo español, que le dejamos hacer por el módico precio de 234.204 euros anuales (pero brutos, no vaya a ser; que también «paga» impuestos). Un mensaje que se ha adelantado tanto, que hasta incluso todavía no es navidad en El Corte Inglés. Un mensaje para «dominarlos a todos», en el que las palabras concordia o diálogo parecen que no tienen cabida en su copia del diccionario de la RAE, institución que por cierto, también ha declarado ser fan incondicional del Principio de la Legalidad en forma de porra y pelotas de goma.
Goma, esa palabra elástica como la flexibilidad y la ligereza con la que el Ejecutivo se atreve a utilizar cada vez que actúa en base a la Constitucion del 78, para olvidarse permanentemente del artículo 68 (si, esa parte en la que incluye la palabra Reforma pero que parece que si la lees directamente puedes quedarte ciego), pero que, sin embargo, no se mueve ni un milímetro en cuanto de principio de autodeterminación se está hablando. Derecho recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, llevado a cabo por la Asamblea General de Naciones Unidas (1966).
Derecho, esa palabra tan de moda en los últimos días cuando se trataba de defender la actuación policial en base a una protección del Estado de Derecho. Si bien es cierto que el Estado queda subordinado a un orden jurídico vigente, debe de haber también un respeto absoluto del ser humano, hecho que brilló por su ausencia en el instituto Pau Claris de Barcelona, por poner un ejemplo. El Ejecutivo ha actuado en base a un Estado de Derecho de acepción débil («poder conferido por la ley»), acepción que no excluye a Estados autoritarios. Porque la condición de que «las normas jurídicas y actuaciones de las autoridades (…) deben respetar los derechos esenciales de las personas». Poco…
Unas normas jurídicas que también recogen el artículo 155, donde el Estado español puede actuar en una situación en la que una Comunidad Autónoma vaya en contra del interés general del país. ¿Activará dicho artículo el Gobierno? Desde un marco de aplicación normativa todo es una incógnita, pero a nivel tácito el propio presidente del Gobierno ya ha empezado a ejercerlo con sus palabras de corte amenazante hacia su homónimo en el gobierno catalán: suprimir «a la mayor brevedad posible», el proyecto de DUI porque es «la mejor solución» y «se evitarán males mayores».
En la misma línea de arrogancia, se ha pronunciado el eurodiputado Esteban González Pons: «España no es Yugoslavia: somos una democracia estable y madura», «no necesitamos tutelas y tampoco mediadores». A la vista está que ni la democracia española ni es estable (donde se vive en un clima permanente de guerra fría), ni es madura (dónde no se ha podido abordar con solvencia la propuesta de un referéndum vinculante). Probablemente, al señor Pons sí le vendría bien mirar el documental Once Brothers y aprender un poco de cómo las actitudes vanidosas en procesos de autodeterminación solo llevan a enfrentar pueblos.
Pueblos enfrentados como el catalán, que ahora mismo está pasando por una de sus etapas más convulsas de toda su historia. Un pueblo que desgraciadamente se ha polarizado por culpa de una administración catalana que encontró en el independentismo, una vía de escape para sus continuos despropósitos en materia de derechos sociales, especialmente sangrante la privatización gradual que ha sufrido la sanidad catalana. La realidad social que ahora mismo se vive en Catalunya, no es más que la consecuencia de una falta de proyecto de gestión pública y de obviar las demandas de una sociedad tan compleja como su propio abanico de partidos. Un proyecto de desconexión, liderado por una corriente histórica (CDC, luego CiU, más tarde, PDeCAT, la coalición que atenta contra la aberración Junts pel Si, etc) que no solo no era independentista sino que se jactaban de poder hablar catalán en la intimidad con aquel Gobierno de Aznar de 1996.
Pero el tiempo apremia, y al actual gobierno catalán le pasaba demasiado rápido, que decidieron seguir adelante con un referéndum a sabiendas de que no cumplía con determinadas garantías democráticas para ser vinculante: umbral mínimo de participación, mayoría simple o absoluta, suspensión del Tribunal Constitucional a la ley del referéndum, falta de reconocimiento de las instituciones internacionales para declararlo como vinculante, etc.
A pesar de ello, lo que realmente ha provocado la ebullición de toda esta situación, ha sido y es la falta de diálogo y entendimiento entre el gobierno español y catalán. Una incomunicación que lo que ha provocado es que el referéndum fuera un simulacro, donde ni siquiera hubo ninguna campaña electoral ni por el «si», ni por el «no», ni por la abstención, ni de qué color serían las urnas, … Una falta de ejercicio democrático por parte del PP (con la colaboración del PSOE) que simplificó la cuestión en un debate de referéndum si o no. Un debate en el que se ponía a prueba a una todavía imberbe democracia española, que una vez más, ve como suspende en su esfuerzo por proponer soluciones sin tan siquiera saber cuál es el problema (una reforma constitucional ayudaría…). La sociedad catalana ha llegado a un punto de fractura, por culpa de unas personas que probablemente estén más preocupados por movimientos bancarios en Suíza o Andorra, pero lo que no se puede permitir es la falta de preocupación por parte del Gobierno central a una realidad que se ha ido cocinando a fuego lento desde los inicios de este Régimen del 78. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Probablemente, esto sea una oportunidad de reválida para una democracia joven de poder desarrollar de una vez por todas la solidaridad entre pueblos. Se han visto multitud de manifestaciones en apoyo al pueblo catalán por rincones tan diferentes del resto del país como para creer en ello: Andalucía, Euskadi, Galicia, Madrid, etc. Un ejercicio de toma de conciencia que se podría aprovechar para poder activar el artículo 68, en vez del 155… Un ejercicio de democracia en el que no puede y no debe quedarse en una oportunidad más perdida. Un ejercicio de compromiso en el que no se trata ya de referéndum si o no, se trata de la defensa de unos derechos sociales que tanto costó conseguir. Desgraciadamente, un servidor observa estos hechos desde el anhelo de un emigrante en un país muy, muy lejano en vez de una posibilidad real de materializarse, pero… ¿por qué esta vez no podría si una vez fuimos hermanos?